El suicidio de la joven Sandra Peña en el colegio Irlandesas Loreto el pasado mes de octubre puso en el foco el funcionamiento de los protocolos antiacoso en los colegios e institutos andaluces. A la espera de que concluyan las investigaciones judiciales, la Junta de Andalucía planteó inicialmente que el problema no fue de la normativa existente sino de la aplicación por parte del centro que únicamente separó a las alumnas implicadas e hizo un seguimiento de lo ocurrido.