Según la Ley de bienestar animal, los ayuntamientos tienen la obligación de recoger, alojar y gestionar la adopción de los animales abandonados. Esta competencia, impuesta por el gobierno central, se ha convertido en una losa para muchas administraciones locales. Y así lo afirman varios alcaldes de la comarca avilesina consultados por este periódico, que señalan que el desembolso anual que conlleva para sus arcas municipales presentar este servicio es tan grande o mayor que lo que destinan a subvenciones para asociaciones o lo que cuesta construir un nuevo centro social.