La Guardia Civil considera que en la mina de Cerredo se realizaban “labores extractivas no autorizadas”, con ausencia de supervisión, y que los trabajadores que fallecieron no contaban con los equipos obligados para garantizar su seguridad. Así consta en el informe de los investigadores (al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA) que dio pie a considerar investigados por varios delitos vinculados al accidente al empresario minero Jesús Rodríguez Morán, a su mujer (Ana María Rodríguez, administradora de Combayl), a su hijo (Adrián Rodríguez, administrador de la empresa Blue Solving) y al ingeniero responsable de la explotación, José Antonio Rodríguez Casillas.